DENUNCIA PÚBLICA.- CORRUPCIÓN EN EL PODER JUDICIAL DE AGUASCALIENTES

 

ponce 3

Por medio de la presente quiero denunciar a la opinión pública, la que -asumiendo la responsabilidad por cada palabra de lo que voy a decir- presumo como una profunda corrupción en el proceso de selección de Jueces de Oralidad Penal en el Poder Judicial de Aguascalientes.

Quizás algunos lo recuerdan, desde hace algunos años he buscado con regularidad concursar para el cargo de Juez en el Nuevo Sistema Penal. Y bueno, aunque me gustaría hablarles de mi vocación por la materia, la verdad es que no quiero distraer la atención del asunto que quiero denunciar, ni tergiversar con cuestiones emotivas la que pretendo que sea una denuncia pública de hechos objetivos.

Sostengo públicamente la tesis de que el proceso de selección esta deliberadamente diseñado para constituir una simulación en beneficio de criterios distintos a la capacidad necesaria para ejercer el encargo.

Es el caso es que, en días pasados, participé en el concurso actualmente en curso y -no me avergüenza decirlo- no acredite el denominado examen de conocimientos teórico-prácticos. Ahora bien, decir que no lo acredite -en mi concepto- resulta engañoso, pues tengo sospecha fundada que -quizá incluso- ninguno de los participantes logró hacerlo. Explico mis palabras:

• El examen consta de 305 preguntas de opción múltiple.

• El tiempo otorgado para resolverlo fue de 4 horas, es decir 240 minutos efectivos.

• De lo anterior, se deduce que tal examen supone responder – de media- una pregunta cada 47 segundos.

• Que el examen contiene muchas preguntas –quizá unas 40 o más- cuya simple redacción supone leer casi una cuartilla.

• Que sostengo públicamente que muchas de las preguntas están muy mal redactadas, al grado de no permitir –en su lectura rápida- tener claridad en los planteamientos, volviendo imposible –en correlación con el tiempo- entender con facilidad la naturaleza de lo que se cuestiona.

• Que otras muchas preguntas solo difieren -en sus posibles respuestas- en una palabra -o enunciación- engañosa que hace necesario releer varias veces las opciones para poder dar con la respuesta correcta. Lo anterior, sin que en mi concepto sirva de nada la preparación jurídica o intelectual del sustentante, es sencillamente una cuestión natural a la dificultad humana para procesar mentalmente una redacción dolosamente engañosa.

• Que muchas preguntas suponen cuestiones de criterio e interpretación jurídica (hermenéutica) que admiten incluso más de una respuesta correcta, lo anterior en correlación con el paradigma o escuela de pensamiento jurídico que posea el abogado sustentante. Incluso en materia penal, el derecho no es una ciencia exacta de respuestas absolutas. El derecho es una construcción intelectual humana que -incluso a los niveles académicos más elevados- admite márgenes de interpretación y subjetividad que en muchos casos no permite la existencia de los criterios absolutos.

• Que, en atención a lo anteriormente planteado, muchas de las preguntas del examen -particularmente los casos prácticos- pudieran perfectamente admitir más de una respuesta jurídicamente valida.

• Que la naturaleza de los planteamientos, su extensión, su engañosa -o mala- redacción y su diversidad de respuestas –jurídicamente validas y posibles- hace que, en muchos casos, sea –en mi concepto- humanamente imposible darles respuesta en la media de tiempo ya señalada de 47 segundos por pregunta.

• Que en similar Concurso de Oposición –de hace casi 3 años, en el que también participé- se aplicó exactamente el mismo examen del que ahora doy cuenta y análisis. Siendo el caso que -en aquella ocasión- a insistencia de mi parte, -y hoy sospecho que con cierta subestimación de mi criterio jurídico- se me permitió revisar el examen pregunta por pregunta. Resultando de tal análisis que logre demostrar que muchas de las respuestas (hasta donde recuerdo cerca de 30) que aparecían como correctas según la clave oficial de respuestas del consejo resultaban incorrectas contra la letra de la Constitución y las diversas leyes.

• Que –hace 3 años- el punto anterior le fue expuesto en forma personal al Magistrado Presidente Juan Manuel Ponce Sánchez. Siendo que fue su compromiso -de que tal situación no volvería a presentarse en el futuro- el que en aquel momento me llevo a guardar silencio.

• Que para acreditar todo lo que aquí he sostenido, la semana pasada solicite formalmente copia certificada, tanto del cuadernillo de preguntas, como de mi hoja de respuestas, así como de la clave oficial de respuestas válidas. Solicitud que, dado que ya paso el examen no debiera significar menoscabo a los derechos de nadie.

• Que la solicitud de copias ya señalada me fue formalmente negada por escrito alegando la confidencialidad de la información solicitada. En este punto es de hacer notar que según el artículo 116 de la Ley General de Acceso a la Información literalmente establece:

“Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.”

“La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.”

Siendo lo anterior evidente que, dado que solicite la información relativa a mi propio examen –información de la que naturalmente soy titular- en ningún sentido quedaba justificada la negativa de la referida solicitud.

Así pues, del análisis de todo lo anterior, he llegado a la presunción fundada de que el examen de conocimientos teórico-prácticos esta deliberada y dolosamente diseñado para que -en los hechos- prácticamente nadie pueda acreditarlo con la calificación mínima de 8 que demanda la convocatoria. Resultado de lo anterior, se mantiene la sospecha fundada de que la lógica del proceso parte de la idea premeditada de buscar reprobar a todos los sustentantes con el propósito de acreditar únicamente a aquellos que discrecional y arbitrariamente se determinen en el Consejo de la Judicatura, permitiendo con ello descartar –con apariencia de legalidad- a todos aquellos aspirantes que pudieran resultar incomodos para las autoridades encargadas del proceso. Dicho en otras palabras, el examen no es más que una simulación jurídica y un fraude a la ley diseñado únicamente para disfrazar la arbitrariedad.

Alan David Capetillo Salas

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capetillosoñador

Profesor Universitario, Analista politico, Abogado Liberal, Estudiante de la Escuela Autriaca de Economia, Campeon Nacional de Debate, jugador de Ajedrez y lector empedernido.

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